Si a la primera no lo consigues: nuevo intento de legalización en Colombia

colombia cannabis

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El pasado 25 de noviembre, la comisión constitucional del Senado colombiano votó a favor de un proyecto de ley (Proyecto de Ley 189 de 2020 o PL 189-20) que legalizaría el consumo recreativo de cannabis en Colombia. A continuación, la medida se someterá al pleno del Senado y, de ser aprobada, se enviará a la Cámara de Representantes para la consideración de ese cuerpo.

La ley propuesta «plantea la creación de un Instituto Colombiano para la Regulación del Cannabis, que se encargaría de regular todo el proceso del cannabis recreativo, desde el cultivo hasta su distribución y consumo». Si bien, en última instancia, dependería del regulador determinar si se permiten las importaciones de cannabis, el texto legal propuesto prevé esa posibilidad. Específicamente, el artículo 22 (3) estipula que el empaque de los productos importados debe incluir el país de origen y la frase importado para Colombia.

Según las disposiciones del PL 189-20, se restringiría de manera estricta la publicidad para productos de cannabis. También se requeriría la imposición de un impuesto sobre el cannabis, pero «de tal manera que se eviten los incentivos para que los consumidores recurran al mercado ilegal», según el artículo 27 de la medida propuesta.

Gran parte del ímpetu del proyecto de ley se sostiene en el deseo de privar a las organizaciones criminales de los beneficios de la economía del cannabis. Según el autor del PL 189-20, el senador Gustavo Bolívar, el narcotráfico «ha sido transversal a todas nuestras violencias de los últimos 30 o 40 años» y sus ganancias han servido «para financiar grupos guerrilleros, paramilitares, para financiar las “Bacrim“».

Uno de los defensores de la medida, el senador Luis Fernando Velasco, citó la experiencia de Estados Unidos a la hora de defender el proyecto. «Mientras en Estados Unidos regularizaron el consumo y generaron ingresos fiscales, acá mandamos a las autoridades a pelear con los campesinos», dijo Velasco, advirtiendo que «la gente seguirá consumiendo cannabis y con la regularización acabamos las mafias». Aunque este análisis ignora el hecho de que el cannabis sigue estando catalogado como droga a nivel federal y es ilegal en muchos estados, el mismo sugiere que el vecino del norte está convirtiéndose en un ejemplo a seguir para los defensores de la legalización del cannabis en América Latina.

Reflejando algunas de las preocupaciones de las contrapartes legislativas en los Estados Unidos, el PL 189-20 enfatiza fuertemente las consideraciones de justicia social. La ley requiere que el 35% de las licencias de cannabis se otorguen a pequeños productores que pertenecen al menos a dos de las categorías enumeradas en el artículo 36, incluyendo a personas que pertenecen a grupos étnicos, mujeres cabeza de famila y víctimas del conflicto armado. Haciendo eco de la invitación de la Ley Agrícola (Farm Bill) estadounidense de 2018 a las tribus indias para que presenten propuestas para el desarrollo de la industria del cáñamo en sus territorios, el PL 189-20 establece que las comunidades indígenas «tendrán capacidad y autonomía reglamentaria frente al cultivo, producción, almacenamiento, transformación, comercialización y uso del cannabis y sus derivados para uso adulto».

Hace solo unas semanas, el 3 de noviembre del presente año, la Cámara de Representantes rechazó una propuesta similar, la cual discutimos en Por ahí viene el cannabis: Colombia y México. Sin embargo, se considera que el proyecto de ley actual tiene más posibilidades de ser aprobado. La medida derrotada buscaba reformar la Constitución colombiana, mientras que el PL 189-20 solo busca establecer un marco regulatorio para el cannabis. Sus defensores «sostienen que en Colombia no existe una prohibición absoluta del uso recreacional de las drogas, por lo cual no es necesario enmendar la Constitución».

Dejaremos que el Steve Kornacki colombiano analice si los defensores del cannabis en la Cámara tienen la posibilidad de sobreponerse a la derrota por margen de 102 a 52 del proyecto de ley anterior. Independientemente de cómo vayan las cosas, sin embargo, es alentador ver los implacables esfuerzos de legalización por parte de los legisladores colombianos. La opinión pública sobre el cannabis está en constante evolución, y los defensores de la legalización deberían estar preparados para sacar provecho de una marea favorable. Además, el debate legislativo proporciona una plataforma inmejorable para abordar las preocupaciones sobre el cannabis, además de destacar las oportunidades que puede brindar a una economía colombiana que necesita urgentemente un alivio.

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